Las mujeres representan el 61% de los jueces en Portugal, pero son minoría en los tribunales supremos


LISBOA.-  Las mujeres representan el 61% de los jueces en los tribunales de Portugal, pero siguen siendo poco numerosas en el Tribunal Supremo de Justicia y en el Tribunal Supremo Administrativo, según los datos publicados hoy

La jueza Ana Micaela Proença, del Observatorio de Igualdad y No Discriminación de la Asociación Sindical de Jueces de Portugal (ASJP), reveló que las mujeres eran el 17% de los jueces en 1991 y pasaron a ser el 61% en 2019.

"Cada vez hay más preponderancia de juezas en primera y segunda instancia", destacó el magistrado, para quien este aumento de mujeres en los tribunales es una evolución, teniendo en cuenta que hasta 1974 el acceso a la carrera estaba cerrado a las mujeres.

Las cifras del Observatorio contrastan, por ejemplo, con las del cuerpo diplomático, en el que las mujeres también estuvieron vetadas hasta 1974, con una representación femenina del 30%.

La paridad de género entre los magistrados se alcanzó en 2006 y 2007.

Sin embargo, Ana Micaela Proença afirmó que hay "un número reducido de juezas en el Tribunal Supremo de Justicia y en el Tribunal Supremo Administrativo", donde "sigue habiendo una gran desproporción de género".

"También se señala el reducido número de juezas en estos tribunales superiores debido a la discriminación de sus derechos parentales y a la dificultad de conciliar la vida personal, familiar y profesional".

Los datos figuran en un informe sobre la igualdad de género y el acoso en el sistema judicial en Portugal, que se ha dado a conocer durante la conferencia internacional "Justicia, igualdad y género", promovida por la ASJP en el marco del Día Internacional de la Mujer, que se celebra hoy.

El Observatorio para la Igualdad y la No Discriminación se creó en 2020 en el seno de la ASJP para recibir denuncias anónimas de situaciones de vulneración del principio de igualdad o de discriminación directa, así como de situaciones de acoso moral o sexual, con el fin de buscar soluciones y denunciarlas y sancionarlas.

Sin embargo, de la encuesta realizada no se desprende ningún problema.

A pesar de ello, el Observatorio propuso la adopción de un código de buenas prácticas, con el fin de prevenir en lugar de unir o reprimir, y un mayor compromiso con la formación de los jueces.

Según el Observatorio, "los Altos Consejeros también deberían condenar claramente el acoso en las relaciones entre jueces, tomando medidas disciplinarias y de censura pública, así como creando formas de denuncia y registrándolas".

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