El sindicato de pilotos civiles portugueses critica el "comportamiento arrogante e intimidatorio" de la dirección en TAP

LISBOA.-  El Sindicato de Pilotos de Aviación Civil (SPAC) ha acusado hoy a TAP de mantener un "comportamiento arrogante e intimidatorio" desde el inicio del proceso de reestructuración, culpando a la compañía si el programa de medidas voluntarias fracasa

"Si el programa de medidas voluntarias es un fracaso, es responsabilidad de TAP, porque ha diseñado mal el programa, no ha escuchado a los sindicatos y ha ignorado las legítimas expectativas de los trabajadores", señala la SPAC en un comunicado, en el que considera "absolutamente inaceptable" la postura de la compañía cuando "está en juego el futuro de muchos pilotos y sus familias".

Para el sindicato, "la forma en que se ha llevado a cabo el programa de medidas voluntarias pone en tela de juicio el esfuerzo que han hecho los pilotos al aceptar recortes brutales en su salario (50%) y el propio Convenio de Empresa de Emergencia".

Según el sindicato, "desde el inicio del proceso de reestructuración, el Consejo de Administración del grupo TAP y sus servicios de RRHH (recursos humanos) han alternado, en relación con el SPAC, un comportamiento autista y una postura de interacción".

Afirmando que fue por su iniciativa que fue posible concluir un Acuerdo de Empresa de Emergencia - "que fue ignorado por TAP al principio y luego considerado esencial para el futuro de la empresa", afirma - SPAC señala el programa de medidas voluntarias como "otro ejemplo del comportamiento errático del grupo TAP, su Consejo de Administración y los servicios de RRHH".

"El programa está mal estructurado, revela deficiencias de información y es absolutamente opaco", considera, y acusa al departamento de RRHH de ser "incapaz de responder a las preguntas más legítimas de los pilotos" y de adoptar "una actitud arrogante ante la necesidad de diálogo y de una aclaración real de las opciones que se plantean y que son importantes para la decisión de los interesados".

Destacando que "el éxito de las medidas voluntarias repercute directamente en la situación de los que se quedan para mantener la operatividad y la viabilidad de TAP", el sindicato también considera que, con esta postura, "TAP desprecia la situación de los pilotos que dieron muchos años de su vida por el éxito de la empresa, eliminando las legítimas expectativas en cuanto a los beneficios sociales con los que los pilotos contribuían y contaban".

Además, la SPAC rechaza "que los pilotos se sientan intimidados con las propuestas prepotentes" que, según dice, ha presentado TAP, desde la "imposibilidad de negociar las condiciones", hasta la imposición de "cláusulas contractuales inaceptables" y la supresión de "la colaboración del sindicato en la representación de los intereses colectivos".

Para la estructura sindical, "el hecho de que las medidas y condiciones se modifiquen cada semana, lo que implicará la ampliación del plazo, es también un ejemplo de la forma en que el grupo ha estado tratando un asunto que merece la seriedad y competencia de todas las partes implicadas en el proceso".

En este contexto, el sindicato reitera su petición de que se amplíe, "al menos hasta finales de marzo, el plazo de aceptación de las medidas voluntarias", para que todos los trabajadores sean informados "de las verdaderas implicaciones de las distintas hipótesis planteadas por TAP" y que "se creen las condiciones para una efectiva salida voluntaria de los pilotos".

"Es hora de que TAP adopte una posición diferente: sin los pilotos, TAP no puede reestructurarse y, por lo tanto, sus estructuras representativas deben ser escuchadas y participar en todos los procesos con impacto directo en la vida de todos y cada uno de los pilotos, además del imperativo de que los pilotos sean tratados con respeto", concluye la SPAC.

Tras cinco años de gestión privada, en 2020 TAP volvió al control del Estado, que ahora posee el 72,5% de su capital, después de que la compañía se viera gravemente afectada por la pandemia del covid-19 y la Comisión Europea autorizara una ayuda estatal de hasta 1.200 millones de euros para la aerolínea de bandera portuguesa.

El último día del plazo, el 10 de diciembre, se presentó a la Comisión Europea un plan de reestructuración de la compañía que prevé el despido de 500 pilotos, 750 tripulantes de cabina, 450 trabajadores de mantenimiento e ingeniería y 250 de otras áreas.

El plan también prevé una reducción del 25% de la masa salarial del grupo (30% en el caso de las sociedades) y del número de aviones de la flota de la empresa, que pasará de 108 a 88 aviones comerciales.

En total, hasta 2024, la empresa debería recibir entre 3.414 y 3.725 millones de euros.