El Presidente de la República Portuguesa promulga la Carta de los Derechos Humanos en la Era Digital

LISBOA.- El Presidente de la República Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa, promulgó la Carta de Derechos Humanos en la Era Digital, aprobada en abril en el Parlamento, según una nota publicada en el 'site' de la Presidencia

La ley, aprobada el pasado 8 de abril, establece derechos, libertades y garantías de los ciudadanos en el ciberespacio, pero también una tarifa social para el acceso a Internet.

La nueva legislación fue aprobada en votación global final, con los votos del PS, PSD, BE, CDS, PAN, los diputados no inscritos Joacine Katar Moreira y Cristina Rodrigues y la abstención del PCP, PEV, Chega a Iniciativa Liberal, y los resultados de dos proyectos, el PS y el PAN, que presentaron un texto común, discutido en el pleno en octubre de 2020.

La ley tiene 21 artículos y garantiza derechos como el "derecho al olvido", el derecho a la protección contra la geolocalización abusiva o incluso el derecho de reunión, manifestación, asociación y participación en el entorno digital.

La ley determina que "el Estado promoverá" la "creación de una tarifa social de acceso a Internet" para clientes económicamente vulnerables, la existencia de "puntos de acceso gratuito" en espacios públicos como bibliotecas, jardines y servicios públicos o la continuidad del dominio ".pt".

También se pide al Estado que garantice "una banda ancha de calidad y una conectividad asequible en todo el territorio nacional".

También se garantizan las libertades de expresión en el uso del ciberespacio y se prohíbe "la interrupción intencionada del acceso a Internet, ya sea parcial o total".

En cuanto a la lucha contra las "fake news", la ley determina que el Estado "garantiza el cumplimiento en Portugal del Plan de Acción Europeo contra la Desinformación" para "proteger a la sociedad contra las personas físicas o jurídicas, 'de iure' o de facto, que producen, reproducen y difunden narrativas" de este tipo.

Está previsto que cualquier ciudadano tenga derecho a presentar denuncias ante la Autoridad Reguladora de los Medios de Comunicación (ERC) en casos de desinformación.

La ley determina el "derecho al olvido", es decir, "el derecho a la supresión de los datos personales que le conciernen", en los términos de la legislación europea y nacional, acción en la que puede solicitar el apoyo del Estado.