Portugal crece, España mengua / Borja de Arístegui *

El año que viene finaliza el plazo para que las Naciones Unidas tomen una decisión sobre la petición del Gobierno luso que ampliaría la soberanía portuguesa sobre aguas del Atlántico de 1,7 a 3,8 millones de kilómetros cuadrados.

Las aguas territoriales siempre han sido un motivo de desencuentro entre países vecinos, y en un inicio las aguas territoriales se medían por la distancia que alcanzaba una bala de cañón disparada desde tierra firme. 

Sin embargo, dado el desarrollo tecnológico del armamento, pero sobre todo de la necesidad de limitar los derechos de explotación de los recursos del mar, se buscó una forma de resolver las disputas entre vecinos llegando a la ratificación por 167 países de la III Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.

Esta soberanía marítima está basada en la conocida regla “12, 200, 350”. Ésta estipula que un estado tiene la territorialidad de las aguas a 12 millas náuticas de la línea que marca sus aguas interiores (litoral) más unas 12 millas extra denominadas continuas, una zona económica exclusiva (ZEE) de 200 millas más, que puede ser ampliada hasta 350 millas por Naciones Unidas cuando los estados demuestren continuidad de la plataforma continental bajo las mismas.

Las aguas territoriales se ven interrumpidas si en éstas se encuentra una isla o archipiélago. En caso de solapamiento de reclamaciones, se tiende por consenso a las denominadas líneas medianas entre ambos estados, solución comúnmente aceptada sin mayor problema por los firmantes de la Convención.

Portugal es uno de los mayores estados por ZEE. Es el tercer país de la Unión Europea, solamente por detrás de Dinamarca y Francia, y el vigésimo país a nivel global. Ante la falta de vecinos en el Atlántico, la soberanía de Portugal sobre estas aguas es aceptada, con la notoria excepción de las aguas que rodean a las deshabitadas Islas Salvajes a unos 165 kilómetros al norte de Canarias y que son disputadas por España.

¿Qué hay detrás de este interés?
Portugal, país de una enorme tradición marinera, ha tornado su vista al mar, y quiere establecerse como una potencia naval a nivel global. Esta pretensión viene recogida en el conocido Plan Mar-Portugal, y si fuera aceptada por Naciones Unidas doblaría el tamaño de nuestro vecino, que pasaría a controlar 2,1 millones de kilómetros cuadrados más de mar.

Detrás de esta estrategia está un claro plan para llevar a Portugal a un nuevo nivel de presencia en la esfera internacional. Según el artículo 76 de la Convención, el derecho de explotación exclusivo de la nueva zona no incluiría un monopolio sobre la pesca, pero sí sobre los recursos naturales que puedan encontrarse en el subsuelo marino de ésta. 

Según las estimaciones más ambiciosas, esto daría acceso a Portugal a una importante fuente de minerales como zinc, cobre, plata, oro, manganeso, cobalto y otros metales de interés en la industria tecnológica, así como a tierras raras.

Por otro lado, los archipiélagos de Madeira y de las Azores se encuentran en mitad de algunas de las rutas comerciales marítimas más transitadas. La comisión a cargo de la estrategia nacional para el océano quiere hacer del país uno de los centros neurálgicos, no solo del comercio marítimo, sino también del sector naviero en el mundo. 

Como parte de la nueva estrategia fuertes inversiones en infraestructura crítica como puertos o astilleros formarían parte de la estrategia de Portugal, así como una fuerte apuesta por el desarrollo tecnológico del sector.

Portugal, que ya cuenta con un territorio marítimo considerable, quiere crecer. Nuestro vecino tiene muchas posibilidades de tener éxito en su planteamiento. A excepción de las mencionadas aguas que rodean a las Islas Salvajes, no existen solapamientos entre sus pretensiones y las de otros países. 

La situación periférica de Portugal juega pues a su favor, y facilitaría el visto bueno de Naciones Unidas. Quizás dentro de no mucho tiempo tendremos que dejar de mirar a Portugal como nuestro hermano pequeño.

La buena gestión de la crisis sanitaria por parte del Gobierno portugués saca los colores al Gobierno de Sánchez. En Portugal gobierna Antonio Costa, del Partido Socialista, con el apoyo de los comunistas, ecologistas, y del Bloque de Izquierdas. Sin embargo, las similitudes entre su gobierno y el nuestro no pasan de los nombres. 

A diferencia de Sánchez, Costa ha sabido proteger a sus ciudadanos del virus. A diferencia de Sánchez, la política económica del dirigente portugués ha sido diseñada para evitar gastos superfluos, llegando a ser tildado como arquitecto del “milagro” portugués. Costa ha seguido una política económica basada en la responsabilidad y el control del gasto público y, en marzo, anunció el cierre de las cuentas públicas del 2019 con superávit.



(*) Profesor de Relaciones Internacionales


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