El diputado socialista António Gameiro retira su candidatura al Ayuntamiento de Ourém


OURÉM.- El diputado del PS António Gameiro retiró su candidatura a la alcaldía de Ourém, renunció a la presidencia del Consejo y presentará la dimisión del Consejo de Vigilancia del Sistema Integrado de Información Criminal, dijo hoy


Retiro mi candidatura al Ayuntamiento de Ourém, renuncio también a la presidencia del Consejo del PS de Ourém y presento, con efecto desde hoy, mi dimisión del Consejo de Vigilancia del Sistema Integrado de Información Criminal", que funciona junto a la Asamblea de la República, dijo António Gameiro.

La decisión se produce después de que el parlamentario sea sospechoso en la "Operación Triángulo", que llevó a la detención de la alcaldesa de Vila Real de Santo António, Conceição Cabrita (PSD).

"Esta decisión mía tiene que ver con el hecho de que, ante la situación que estoy viviendo, es mi deber distanciar al PS, a los orureños y a la función de concejal de este proceso", explicó António Gameiro, que había anunciado el domingo la candidatura al municipio del distrito de Santarém, en su página personal de Facebook.

El socialista dijo que mantendrá su escaño de diputado.

"Mantengo el escaño de diputado, porque creo que se mantiene la presunción de inocencia respecto al cargo, dado que mi intervención en este proceso fue personal y profesional", declaró el parlamentario.

António Gameiro reiteró tener "la conciencia tranquila, esperando ser escuchado por los órganos judiciales", para "poder defender y aclarar toda esta situación".

Cuatro personas fueron detenidas el martes por la Policía Judicial (PJ) como sospechosas de corrupción, recepción indebida de ventajas y abuso de poder en la intermediación de un negocio inmobiliario en Monte Gordo, Vila Real de Santo António, informó la PJ.

Los detenidos fueron la alcaldesa de Vila Real de Santo António, que, sin embargo, dimitió de su cargo, un trabajador de la administración pública y dos empresarios.

En juego son "los hechos susceptibles de integrar la práctica de los delitos de corrupción, la recepción indebida de la ventaja y el abuso de poder", hay "sospecha de la acción ilegal del titular de la oficina política, que se benefició de la colaboración de los funcionarios, así como otros actores, en la intermediación de un negocio, la compra de bienes, propiedad del municipio, en la playa de Monte Gordo", según un comunicado de la Policía Judicial (PJ).

Según el PJ, "se llevaron a cabo cerca de dos docenas de registros, incluidos los domiciliarios, en establecimientos y despachos de abogados", gestiones que "tuvieron lugar en la región del Algarve, Lisboa, Leiria y Ourém".

El miércoles, António Gameiro confirmó que la PJ había registrado sus dos domicilios y el despacho en el que es asesor, en el marco de este proceso, afirmando en esa ocasión que el cuerpo policial no había encontrado "ningún indicio de la práctica de ningún delito".

"En cualquier caso, estoy a disposición para que se levante la inmunidad parlamentaria de forma inmediata, para poder defenderme y colaborar con la Justicia, ya que hasta ahora no se me ha notificado este suplicatorio de levantamiento", dijo entonces António Gameiro, ex presidente de la federación del distrito de Santarém del PS.

El parlamentario, un abogado de 50 años, aclaró en la ocasión que su "única vinculación con este proceso es de carácter estrictamente profesional, como consultor de un bufete de abogados", precisando que, "como consultor, sólo" recabó información, pidió opiniones y escribió cartas, "a petición del bufete, a petición del Ayuntamiento de Vila Real de Santo António".

Hoy, la Fiscalía General dijo que el proceso "Operación Triángulo" tiene ocho acusados. Además de las cuatro personas detenidas, y puestas en libertad el jueves por la noche tras el primer interrogatorio judicial y la aplicación de medidas cautelares, hay otros cuatro acusados.

Al final del primer interrogatorio judicial, el juez presidente del Distrito de Évora, José Francisco Saruga Martins, dijo que entre los acusados estaban la alcaldesa de Vila Real de Santo António, el empresario Carlos Alberto Casimiro de Matos, no sólo a título individual, sino también como representante legal de la Sociedad Saint Germain - Empreendimentos Imobiliários SA, João Faustino Ribeiro y José Maria Mateus Cavaco Silva.

El negocio inmobiliario que ha sido el origen de las cuatro detenciones ha consistido en la venta de una parcela en Monte Gordo por 5,6 millones de euros, aprobada en el Pleno Municipal del 3 de abril de 2020, con los votos a favor del PSD y en contra de las bancadas del PS y CDU.

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