Acción judicial española para acceder a la documentación sobre la mina de Barroso, en Boticas

 VILA REAL.- La fundación española Montescola presentó una demanda contra el Ministerio de Medio Ambiente para acceder a la documentación sobre la evaluación de impacto ambiental de Mina do Barroso, en Boticas, "no puesta a disposición" en la consulta pública.

La Agencia Portuguesa de Medio Ambiente (APA) sometió a consulta pública el 22 de abril el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto de la Mina de Barroso, en el municipio de Boticas, procedimiento que dura hasta el 2 de junio,

La mina de Barroso se encuentra en la zona de las parroquias de Dornelas y Covas do Barroso, en el distrito de Vila Real, y el proyecto está siendo promovido por la empresa Savannah Lithium, Lda, que prevé una exploración a cielo abierto de litio y otros minerales.

La Fundación Montescola, una organización no gubernamental (ONG) medioambiental con sede en Galicia (España), ha anunciado que ha presentado una demanda en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo y Fiscal de Mirandela contra el Ministerio de Medio Ambiente luso, a través de la cual reclama la "entrega de documentación sobre la evaluación de impacto ambiental de la Mina de Barroso no puesta a disposición en la consulta pública que está en curso".

Según un comunicado enviado por la organización MiningWatch Portugal, en esta acción la fundación exige la condena del director del consejo de APA "a pagar una multa coercitiva por cada día de retraso en el cumplimiento de la sentencia".

Montescola ya había solicitado el acceso a la información a principios de enero y, en marzo, la Comisión de Acceso a los Documentos Administrativos (CADA) emitió un dictamen definitivo en el que determinaba que APA debía facilitar los documentos, entregados por Savannah hace un año, concluyendo que "el acceso a la información medioambiental no depende de la existencia de una fase de consulta pública, ni está limitado por ella".

"La APA no sólo optó por desobedecer su obligación legal de responder en un plazo de 10 días desde la emisión del dictamen de la CADA, sino que además ignoró el recurso jerárquico formulado por la fundación, obligándonos a judicializar algo tan simple como una solicitud de acceso a la información medioambiental. Se trata de una actitud sin precedentes e inapropiada por parte de un país europeo que ratificó el Convenio de Aarhus", ha declarado Joám Evans Pim, director de la Fundación Montescola, citado en el comunicado.

También a nivel local, la asociación Unidos em Defesa de Covas do Barroso (UDCB), creada para luchar contra la mina de litio, criticó la forma en que se está llevando a cabo el proceso.

"¿Qué confianza podemos tener en que el Ministerio de Medio Ambiente de Portugal actúe con transparencia y respeto a los ciudadanos si, en un proceso que debería ser democrático, los mecanismos de consulta pública son meramente simbólicos y nos dejan entregados a merced de intereses ajenos?", subrayó UDCB.

En el proceso de consulta pública, la APA puso a disposición "sólo una parte de la documentación pertinente", pero de un "volumen inusual: 2,8 gigabytes en 493 archivos con 5.268 páginas y 2.103 piezas gráficas".

Según el director de la fundación Montescola, "la APA, además de impedir el análisis de la información en los tres meses anteriores a la consulta, no puso a disposición parte de los documentos fundamentales para una participación informada en el proceso de consulta pública de la evaluación de impacto ambiental".

Teniendo en cuenta que "los impedimentos en el acceso a la información pública podrían ser indicio de un delito de prevaricación", Montescola también dijo que "no se descartan nuevas acciones en el ámbito penal".

El Ministerio de Medio Ambiente se remitió a la APA, que no ha respondido a la solicitud.

El proyecto Savannah se centra principalmente en la producción de concentrado de espodumena, para la posterior alimentación de establecimientos de procesamiento de minerales de litio, teniendo como subproductos el feldespato y el cuarzo para alimentar la industria cerámica y del vidrio.

Está prevista la instalación de un establecimiento industrial (planta de lavado) para el tratamiento de la mineralización, la operación se llevará a cabo durante un período de 12 años y requerirá de 201 a 243 trabajadores y, según la empresa, el proyecto también prevé una inversión de más de 15 millones de euros en medidas para minimizar los impactos sociales y ambientales.