El Gobierno avanza en la extinción de los CDOS y crea un nuevo modelo de respuesta a las emergencias en Portugal


LISBOA.- El Gobierno de Portugal avanzará en la extinción de los 18 Comandos Distritales de Operaciones y Rescate (CDOS) e implantará el nuevo modelo territorial de respuesta a emergencias y protección civil, según el proyecto de ley de Grandes Opciones para 2021-2025

"Tras la reforma del sistema de protección civil en los pilares de la prevención y la preparación, el Gobierno consolidará la eficacia y la capacidad de respuesta operativa mediante la implantación del nuevo modelo territorial de respuesta a las emergencias y de protección civil basado en estructuras regionales y subregionales, en estrecha coordinación con las autoridades competentes y con la participación de los cuerpos de bomberos voluntarios y de las entidades locales", dice la propuesta aprobada por el Consejo de Ministros el jueves.

El nuevo modelo territorial, previsto en la ley orgánica de la Autoridad Nacional de Emergencias y Protección (ANEPC), supone la extinción de los actuales 18 CDOS, pasando el sistema a ser gestionado por cinco comandos regionales y 23 comandos subregionales (uno por cada una de las comunidades intermunicipales en las que ahora se divide el país).

La orden que establece las condiciones de instalación y funcionamiento de cinco comandos regionales de emergencia y protección civil en el Norte, Centro, Lisboa y Valle del Tajo, Alentejo y Algarve ya ha sido publicada en el Diário da República.

El proyecto de ley de Opciones Mayores establece que los cinco comandos regionales se basarán en las actuales instalaciones de CDOS y parece que tres de ellos "requieren mejoras a nivel de infraestructuras", concretamente en Vila Real, Viseu y Évora.

"En cuanto a los 23 Comandos Subregionales de Emergencia y Protección Civil, cuatro necesitan ser instalados en nuevas infraestructuras en las Comunidades Intermunicipales de Alentejo Litoral, Alto Tâmega, Ave y Tâmega y Sousa", señala el documento.

En los próximos años, el Ejecutivo continuará reforzando "los medios e infraestructuras de Protección Civil, procediendo al lanzamiento de licitaciones para la adquisición de medios y modernización de infraestructuras".

La propuesta también informa de que se reforzará la capacidad propia de lucha aérea contra los incendios rurales, con la adquisición de seis helicópteros ligeros, seis helicópteros medios y dos bombarderos anfibios pesados, aprovechando "el apalancamiento financiero" del Plan de Recuperación y Resiliencia (PRR) y del programa RescUE (mecanismo europeo de protección civil) que, combinados con los medios aéreos alquilados, constituirán el Dispositivo Especial de Lucha contra Incendios Rurales.

El Gobierno continuará este año con las campañas de concienciación a través de la continuidad del proceso de gestión del combustible y los programas de autoprotección "Aldea Segura y Pueblo Seguro" y "Aldeas en Condominio", cuyo objetivo es garantizar una mayor protección en caso de incendio.

Según la propuesta, los programas "Aldeas Seguras y Personas Seguras" se ampliarán con la adhesión de nuevos asentamientos y también se nombrarán nuevos responsables locales de seguridad, cuya misión es transmitir avisos a la población, organizar la evacuación de la agrupación en caso de necesidad y realizar acciones de sensibilización entre la población.

El Programa de Apoyo a las aldeas situadas en territorios forestales "Condominio de Aldeas", que se desarrolló en dos zonas piloto en las montañas de Monchique y Silves y en los municipios integrados en el Programa de Revitalización del Pinar Interior, se extenderá al resto del territorio definido como vulnerable.

El proyecto de ley de las Grandes Opciones para 2021-2025 también establece la elaboración de un plan anual destinado a preservar la seguridad de las infraestructuras críticas del Estado, en conjunto con las estructuras homólogas del sector de la Defensa Nacional, bajo la coordinación del Sistema de Seguridad Interior y con la participación de las fuerzas y servicios de seguridad, así como de la Autoridad Nacional de Emergencia y Protección Civil.

"La operatividad del Sistema Nacional de Planificación de Emergencias Civiles y la revisión del marco legal sobre la identificación y protección de las infraestructuras críticas, con el fin de promover la adopción de medidas de protección y aumentar la resiliencia de las infraestructuras críticas identificadas, en alineación con otras normativas de carácter transversal", reza el documento.

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