Ocho acusados en el caso de la alcaldesa de Vila Real de Santo António

 

LISBOA.- El proceso de corrupción que llevó a la detención de la alcaldesa de Vila Real de Santo António, Conceição Cabrita, así como de otras tres personas, cuenta con un total de ocho acusados, cuantificó hoy la Procuraduría General de la República (PGR).
 

Preguntada la PGR sobre el número exacto de acusados en el caso, después de que el juez presidente del Distrito de Évora haya informado a los periodistas de la existencia de cinco acusados, en la noche del jueves, y el Departamento de Investigación y Acusación (DIAP) de Évora haya adelantado en un comunicado que son ocho los acusados en el proceso.

"La investigación tiene ocho acusados constituidos, uno de los cuales es una persona jurídica. Uno de los cuatro imputados detenidos y presentados ante el Juez de Instrucción es el representante legal de la persona jurídica. Así, la diligencia que finalizó ayer [jueves] afectaba a cinco imputados: los cuatro detenidos y la persona jurídica. Además de éstos, la investigación tiene tres imputados más", aclaró la PGR, sin revelar los nombres ni los delitos que se les imputan a los otros tres acusados.

La alcaldesa de Vila Real de Santo António (Faro), que ya ha dimitido de su cargo, y otros tres acusados de la "Operación Triángulo" salieron el jueves por la noche en libertad, con la prohibición de contactos entre ellos y el diputado António Gameiro, tras dos días de interrogatorios y pasos en el Juzgado de Instrucción Criminal de Évora.

Al final del primer interrogatorio judicial, el juez presidente del Distrito de Évora, José Francisco Saruga Martins, comunicó a los periodistas los delitos de los que están "fuertemente acusados" y las medidas de coerción de cinco acusados.

El presidente del tribunal dijo en la ocasión que los cinco acusados en el caso eran los cuatro detenidos en el marco de la "Operación Triángulo", desencadenada por la Dirección Sur de la Policía Judicial (PJ), y una persona jurídica, la empresa que compró los terrenos en Monte Gordo al municipio, en el negocio que fue la base de las acusaciones.

Entre los acusados nombrados por el magistrado de Évora estaban la alcaldesa de Vila Real de Santo António, Conceição Cabrita, el empresario Carlos Alberto Casimiro de Matos, no sólo a título individual, sino también como representante legal de la Sociedad Saint Germain - Empreendimentos Imobiliários SA, João Faustino Ribeiro y José Maria Mateus Cavaco Silva.
 

La alcaldesa es sospechosa de "un delito de corrupción pasiva de un cargo político" y "un delito de prevaricación de un cargo político", dijo el presidente del tribunal, subrayando que, como medidas coercitivas, se prohíbe a Conceição Cabrita "permanecer en el edificio y ponerse en contacto con los servicios del Ayuntamiento de Vila Real de Santo António".
 

A la alcaldesa (PSD) también se le prohíbe mantener "contactos directos e indirectos con los otros acusados", así como con el diputado António Ribeiro Gameiro (PS), empleados y colaboradores y empleados y representantes de la Sociedad Saint Germain - Empreendimentos Imobiliários, SA.

A Carlos Casimiro de Matos, acusado de "un delito de corrupción activa de cargo político", se le determinaron, como medidas coercitivas, la "prohibición de permanecer en los locales o edificios del Ayuntamiento de Vila Real de Santo António" o la "entrega de una fianza por valor de 300.000 euros".

También se prohíben los contactos directos e indirectos con los otros acusados, con António Ribeiro Gameiro y con los empleados colaboradores y miembros del municipio del Algarve.

Por las sospechas de "un delito de corrupción activa", el juez decidió que la sociedad mercantil Saint Germain, representada por el empresario Carlos Matos, tiene prohibido "los contactos en su nombre o representación, directos o indirectos, con los demás imputados, António Ribeiro Gameiro, empleados, colaboradores y miembros del Ayuntamiento de Vila Real de Santo António".

En cuanto a João Faustino Ribeiro y José Maria Mateus Cavaco Silva, acusados de "un delito de prevaricación de cargo político", el juez también aplicó la prohibición de permanecer en el local municipal y de contactar con los servicios del ayuntamiento, así como de mantener contactos directos e indirectos con los demás acusados, con António Ribeiro Gameiro, empleados y colaboradores del ayuntamiento y empleados y representantes de la empresa Saint Germain.

La operación inmobiliaria que motivó las cuatro detenciones del martes consistió en la venta de una parcela en Monte Gordo por 5,6 millones de euros, aprobada por la Asamblea Municipal el 3 de abril de 2020, con los votos a favor del PSD y en contra de las bancadas del PS y la CDU, según se puede leer en el acta de la reunión.

El miércoles, el diputado socialista António Gameiro confirmó que la PJ había registrado sus dos domicilios y el despacho donde es asesor, en el marco de este mismo proceso.

El jueves, el ayuntamiento de Vila Real de Santo António dijo que Conceição Cabrita renunciaría al mandato municipal con "efecto inmediato".

Ahora, la PGR reconoce la existencia de tres imputados más, pero sin revelar quiénes son ni los delitos que se les imputan.