El Colegio de Abogados advierte de las violaciones de los derechos humanos en Mozambique

 

MAPUTO.- Los conflictos armados en Mozambique han creado "oportunidades" para la violación de los derechos humanos, dejando a las personas vulnerables en las zonas afectadas por la violencia, según el Informe de Derechos Humanos del Colegio de Abogados de Mozambique (OAM) publicado hoy en Maputo.

"En las regiones del centro y del norte, la situación [de los derechos humanos] ha empeorado, debido a la ocurrencia de conflictos armados que provocaron el desplazamiento de poblaciones y generaron oportunidades para la violación de los derechos humanos", se lee en las conclusiones del informe, que abarca el período 2020-2021.

En cuanto a la guerra en la provincia de Cabo Delgado, donde las fuerzas gubernamentales luchan contra los insurgentes asociados al terrorismo, la evaluación señala que "persiste la preocupación por la violación de los derechos humanos en lo que respecta a la participación de las autoridades de defensa y seguridad".

Reconoce, sin embargo, que la participación de las fuerzas conjuntas de la Comunidad de Desarrollo de África Austral (SADC) y Ruanda en la lucha contra los grupos armados en Cabo Delgado ha supuesto avances en la mejora de la situación de seguridad.

Señalando que los ataques a la dignidad humana han sido sistemáticos en el país, la evaluación también señala las restricciones impuestas por la covid-19 y los desastres naturales como otros acontecimientos que han propiciado los abusos.

Covid-19 ha sido utilizado por las autoridades para limitar desproporcionadamente los derechos y cometer atentados, indica el texto.

La pandemia también hizo aflorar la exclusión de una parte de la población de los servicios sanitarios y del derecho a la educación, debido a la falta de medios tecnológicos para seguir las clases a distancia, señala el documento.

Entre 2021 y 2022, continúa, se han registrado ejecuciones sumarias realizadas por agentes del orden y la participación de investigadores del Servicio Nacional de Investigación Criminal (Sernic) con bandas dedicadas al secuestro.

También se ha creado un ambiente de "hostilidad" hacia el ejercicio de la libertad de prensa y la libertad de expresión, a través de denuncias de acoso a periodistas, acusa la OMA.

El informe también lamenta que la sociedad haya sido excluida del debate sobre el proceso de descentralización, por el monopolio de la discusión del tema por parte de los principales partidos del país.

El análisis de los abogados sobre la situación de los derechos humanos en Mozambique también hace referencia al atropello de los derechos de las comunidades en las zonas donde se encuentra la industria extractiva, señalando los problemas relacionados con el reasentamiento de las poblaciones y la falta de transparencia en la asignación de las licencias mineras, así como en la gestión de los ingresos recaudados por estas operaciones.

En el lado positivo, se menciona la expansión geográfica de la red jurídica del país, a través de la construcción de más tribunales y la activación de servicios de asistencia jurídica, así como la aprobación de más leyes de protección de los derechos humanos.

En declaraciones a los periodistas al margen de la presentación del informe, el Presidente de la OAM, Duarte Casimiro, dijo que el marco de los derechos humanos en Mozambique muestra avances y retrocesos.

"Estamos avanzando, pero con dificultades, efectivamente hay algunos avances, pero también hay retrocesos, admitamos que estamos mejorando, pero con muchas dificultades", subrayó.

En la región central, la inestabilidad militar estuvo protagonizada por las acciones armadas de una disidencia del brazo armado de la Resistencia Nacional Mozambiqueña (Renamo), el principal partido de la oposición, pero que perdió fuerza tras el asesinato de su líder, Mariano Nhongo.

La provincia de Cabo Delgado es rica en gas natural, pero está aterrorizada desde 2017 por rebeldes armados, con algunos ataques reivindicados por el grupo extremista Estado Islámico.

Hay 784.000 desplazados internos a causa del conflicto, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), y unos 4.000 muertos, según el proyecto de registro de conflictos ACLED.
 

Desde julio de 2021, una ofensiva de las tropas gubernamentales con apoyo ruandés a la que luego se sumó la Comunidad para el Desarrollo del África Meridional (SADC) ha permitido recuperar las zonas donde había presencia rebelde, pero su huida ha provocado nuevos ataques en otros distritos utilizados como paso o refugio temporal.