Un estudio demuestra que la pobreza es una "condena existencial" y que en diez años nada ha cambiado en Lisboa


LISBOA.- La pobreza resultó ser una "condena existencial" para todas las personas que participaron en un estudio sobre las vulnerabilidades en Lisboa, cuya condición permaneció inalterada durante diez años a pesar de los esfuerzos y las políticas públicas existentes.


El estudio, Barómetro de las Personas en Situación de Vulnerabilidad, del Barómetro del Observatorio de la Lucha contra la Pobreza en la Ciudad de Lisboa, se realizó entre 2011 y 2021 y se basó en cuatro oleadas de entrevistas para hacer un seguimiento en estos diez años de un panel de 43 personas que estaban en situación de vulnerabilidad.

Las conclusiones, que se compartirán el viernes, en Lisboa, en la sesión de presentación del libro resultante del estudio, señalan que las trayectorias de la pobreza, su gravedad o la forma en que las personas afrontan el problema cambiarán según las coyunturas de la vida.

"Sin embargo, a pesar de la diversidad de situaciones y formas de vida, algo parece no haber cambiado en estos diez años: el mantenimiento de la pobreza", reza el documento, que añade que ésta "es la principal conclusión del estudio".

Se afirma con toda claridad que, desde el principio, "la mayoría de los miembros del panel están en condición de pobreza y permanecen en ella a pesar de todos sus esfuerzos individuales y de las políticas públicas vigentes".

"Es como una condena existencial", refiere la publicación, que subraya que la mayoría de las personas entrevistadas "provienen de una pobreza 'hereditaria'" y en los casos en que no es así son comunes las "características de vulnerabilidad, de capitales culturales, económicos y simbólicos".

También destaca que "son pocos los que cruzan el umbral de la pobreza", habiéndolo hecho sólo siete personas e incluso en el caso de éstas "administrativamente", ya que "las precarias condiciones de vida se mantienen y la línea que les separa del umbral de la pobreza es tenue e inestable".

El estudio, una iniciativa de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza (EAPN), revela que hay dos razones principales para que esto ocurra: "la acumulación de vulnerabilidades" y el hecho de que estas personas sólo tengan acceso "a los márgenes del mercado laboral".

Según el Observatorio, "son sobre todo las frágiles cualificaciones educativas y profesionales las que les condenan a un mercado laboral marginal", condición que se agrava cuando hay estados de salud debilitados.

"La asociación entre salud y pobreza revela una estructura causal: la pobreza genera mala salud y la mala salud genera pobreza", se lee, añadiendo que "la salud de los individuos refleja las desigualdades sociales que defienden".

Además de la salud, el estudio destaca "la incapacidad del sistema escolar para promover mecanismos de lucha contra las desigualdades escolares y para favorecer el éxito de la educación".

Añade que a estas vulnerabilidades se suman las relacionadas con el género y la etnia, subrayando que cuando hay un contexto de pobreza la "posición de desventaja de las mujeres (...) es aún más notoria" y que las comunidades gitanas están aún lejos de un proceso de integración efectivo y transversal.

El estudio muestra que en estos diez años la forma en que los entrevistados se enfrentaron a la pobreza osciló entre el acomodo y la resiliencia, destacando que "casi todos los entrevistados se insertaron en el mercado laboral, aunque de forma frágil e intermitente" y que lo consiguieron "gracias a su esfuerzo personal y no a los servicios públicos".

En cuanto a las políticas de empleo y acción social, el estudio señala que existe una "falta de adecuación, eficiencia y eficacia en la lucha contra la pobreza y las múltiples vulnerabilidades", y subraya que la Renta de Integración Social (RSI) es "el último refugio posible para dar cierta protección a las situaciones de extrema pobreza".

El estudio también deja tres directrices, entre ellas la creación de un modelo de desarrollo en el que la producción y la redistribución de la renta sean más igualitarias, acelerar el desarrollo económico para que aumenten los niveles salariales y las oportunidades de empleo, y garantizar que las políticas sociales se basen en el desarrollo de capacidades y la inserción laboral.

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